Comunicado de Sures sobre la actualización del Informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet

La organización social de derechos humanos, Sures, publicó este miércoles un comunicado donde expresan con preocupación la subestimación de los efectos de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos de la población venezolana. 

A continuación se adjunta comunicado íntegro:

CONSIDERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN SURES A LA ACTUALIZACIÓN ORAL DEL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE VENEZUELA En fecha de hoy, 18 de diciembre de 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, presentó su actualización oral del Informe sobre la República Bolivariana de Venezuela ante la Sesión del Consejo de Derechos Humanos. En primer lugar, desde Sures deseamos saludar y acompañar la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Estado venezolano y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OHCHR). Estamos convencidos que este primer paso de cooperación entre ambas instancias, que permite la presencia de un equipo permanente de su Oficina en territorio nacional, seguramente favorecerá el avance del respeto y protección de los derechos humanos en nuestro país, tal y como lo hemos podido constatar en las actividades que recientemente se han desarrollado en ejecución de este acuerdo. Desde nuestra organización hemos podido tener contacto con el equipo in loco de la Oficina de la Alta Comisionada. Así, hemos constatado su disposición a comenzar a generar espacios de diálogo más amplios con las diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, que permitan que todas las organizaciones de derechos humanos en su diversidad de valores, perspectivas y opiniones pueden tener relacionarse con esta Oficina en condiciones de mayor igualdad, con menos discriminación y criterios de selectividad. Esperamos que la Oficina de la Alta Comisionada en el futuro continúe con esta línea de apertura al dialogo amplio y cooperación con todas las organizaciones de derechos humanos de nuestro país, que progresivamente vaya incorporando a su quehacer la diversidad de criterios y visiones heterogéneas que existen en nuestra sociedad civil. Sin embargo, a pesar de ello, observamos que en la presente Actualización Oral se volvió a invisibilizar la voz de muchas organizaciones de derechos humanos que mantienen opiniones divergentes y más imparciales sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, que aquellas que tradicionalmente han tenido acceso al Sistema de Naciones Unidas, y que se encuentran políticamente polarizadas y reciben grandes financiamientos de gobiernos y fundaciones extranjeras. Basta con revisar las fuentes utilizadas en esta Actualización para dar cuenta de ello. Por estos motivos, reiteramos nuestra solicitud a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de oír, ponderar y visibilizar en condiciones de igualdad todas las informaciones y opiniones que emiten la amplia gama de organizaciones de derechos humanos venezolanas en su pluralidad. Esperamos una vez más, que en el informe de marzo del 2020 nuestra reiterada solicitud sea debidamente tomada en cuenta. En segundo lugar, desde Sures deseamos saludar y acompañar la invitación que ha realizado en el marco del Memorándum de Entendimiento para la visita in loco de Relator Especial sobre los Efectos Negativas de las Medidas Coercitivas Unilaterales en los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo. Así mismo, abogamos por la invitación de un tercer Relator Especial. En este sentido, estimamos que sería ideal que se extendiera al Relator Especial en materia de Derecho a la Alimentación, pues desde nuestra perspectiva le permitiría conocer directamente las debilidades y fortalezas que existen en nuestro país en materia de nutrición y seguridad alimentaria y, muy particularmente, el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos de América contra la población venezolana. En tercer lugar, desde Sures vemos con profunda preocupación que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en esta actualización oral del Informe sobre Venezuela continua subestimando los efectos directos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y algunos países aliados en los derechos humanos de la población venezolana, especialmente en los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Particularmente, llama la atención que: 1. Continúe insistiendo que las medidas coercitivas unilaterales contra la población venezolana son “recientes”, cuando en realidad empezaron a ejecutarse hace más de 5 años, con la aprobación en diciembre de 2014 de la Ley 113-278 del Congreso de EE.UU. que impone el bloqueo económico, financiero y comercial contra el Estado venezolano. 2. Incluya comentarios sobre la situación económica venezolana sin incluir referencia alguna al impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre las actividades petroleras, auríferas y financieras venezolanas. 3. Haga referencia a ciertos casos de afectación al derecho a la salud omitiendo señalar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la protección de este derecho, como por ejemplo los niños pacientes con leucemia que requieren trasplante de médula ósea en el Hospital J.M. de los Ríos, cuyo tratamiento en Italia no ha podido ser pagado por las prohibiciones impuestas por el bloqueo económico, financiero y comercial contra PDVSA. Finalmente, deseamos reiterar nuestra preocupación porque parecería que la acción de la OHCHR puede estar promoviendo la libertad definitiva o provisional de algunas personas, incluyendo integrantes de partidos políticos y funcionarios públicos que ocupan cargos de representación popular, que se encuentra procesados y son señalados por organizaciones sociales y víctimas como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y de intentos de golpe de Estado. En este sentido, estimamos que si bien resulta importante que a estas personas se les garantice el debido proceso, pero ello jamás debe conllevar a la impunidad por los graves hechos de los cuales son responsables.